Brasilia, Brasil (AFP).- La suspendida presidenta brasileña Dilma Rousseff dijo el martes que el juicio político en su contra sería un golpe de Estado y pidió elecciones anticipadas para unir a un país agobiado por la recesión.
Rousseff fue suspendida en mayo a la espera de que el Senado la juzgue por acusaciones de que manipuló las cuentas públicas para ser reelegida en el 2014.
La expectativa general es que sea juzgada y destituida permanentemente del cargo a fines de agosto, según sondeos realizados por periódicos locales a senadores.
El mensaje leído ante la prensa en el Palacio de Alvorada repasó su carrera política, su paso por la cárcel y la tortura durante la dictadura (1964-1985), y exhortó a los senadores a defender la democracia, a nueve días de que comience la etapa final del juicio, que según indican los sondeos, terminará con el ciclo de más de 13 años de la izquierda en el poder de Brasil.
«No es legítimo, como quieren mis acusadores, apartar a un jefe de estado y de Gobierno por el conjunto de su obra. Quien aparta al presidente por el conjunto de su obra es el pueblo y sólo el pueblo en elecciones», dijo Rousseff en un mensaje al Senado.
La líder izquierdista reconoció errores de su gobierno y propuso un pacto que involucraría más diálogo con el Congreso, la sociedad y sectores productivos.
Rousseff pidió a los senadores que no cometan la injusticia de condenarla por un crimen que no cometió, porque sostuvo que los actos de que se le acusan fueron legales.
«Resistí la cárcel y la tortura. Me gustaría no tener que resistir el fraude y la más infame injusticia», dijo la presidenta.
El proceso para destituir a la ahijada política del exmandatario y leyenda de la izquierda latinoamericana Luiz Inácio Lula da Silva, blanco de investigaciones por corrupción ligadas al megafraude en Petrobras, coincide con la realización en Rio de Janeiro de los primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica.
Rousseff escuchará su sentencia en torno al 31 de agosto, pocos días después de la clausura de la fiesta deportiva.
En una maratónica sesión celebrada hace seis días, en plenos Juegos, el heterogéneo arco opositor que articuló el impeachment de Rousseff logró cuatro votos más que cuando el proceso fue admitido para su análisis, y cinco más que la mayoría especial de dos tercios (54) necesarios para destituirla de manera definitiva.
Los aliados de Temer sostienen que la presidenta perderá su cargo entre el 28 y el 31 de agosto, y anticipan que el gobierno logrará aglutinar el apoyo de unos 60 senadores.
La defensa de Rousseff, en manos del exministro de Justicia José Eduardo Cardozo, estudia recurrir a la Corte Suprema por considerar que hubo fallos en el proceso, una medida de último minuto para intentar cambiar una dinámica muy negativa para el Partido de los Trabajadores (PT) fundado por Lula.
Desde que el pedido de juicio de destitución fue aceptado en la Cámara de Diputados en diciembre del 2015, los aliados de Rousseff no consiguieron ganar una sola votación para debilitar el proceso que busca destronar a la presidenta de la mayor potencia latinoamericana.
Con Información del Economista
