Ciudada de México (La Jornada).-
En México, el año pasado hubo más de 8 mil personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado interno (DFI) –la mayoría de ellas por actos de violencia de grupos armados–, lo que da una cifra histórica acumulada de aproximadamente 346 mil personas afectadas, alertó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Durante la presentación virtual del informe “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México 2019”, la investigadora Lígia Aquino, una de las autoras del estudio, detalló que el año pasado la organización civil documentó 28 episodios de DFI masivo, que afectó a 8 mil 664 personas en ocho estados, aunque no se descarta que el número real sea más grande.
De acuerdo con el análisis, el estado que tuvo mayores víctimas de este fenómeno es Guerrero (con 5 mil 128), seguido de Oaxaca (mil 071), Michoacán (794), Chiapas (668), Sinaloa (393), Chihuahua (300), Durango (260) y Tamaulipas (140).
Con lo anterior, el registro histórico acumulado llega a 346 mil 945 personas desplazadas de forma interna en México hasta diciembre de 2019, cifra en la cual no se incluyen los casos de víctimas que tuvieron que salir por segunda vez del lugar a donde habían tenido que huir y de quienes regresaron a su sitio de origen o alcanzaron una solución duradera a su problema.
Luego de enfatizar que el número y la intensidad de los episodios de violencia no ha bajado en los últimos años, la experta señaló que de los 28 casos de desplazamiento registrados el año pasado, un total de 16 estuvieron relacionados con grupos armados que atacaron a comunidades para controlar su territorio y sus recursos, con casi 7 mil personas afectadas.
De 2017 a 2019, el total de personas que han huido de sus hogares por actos de violencia de grupos criminales, sobre todo dedicados al narcotráfico, es de 24 mil 313.
Por otra parte, en 2019 la violencia política dio lugar a 11 casos y las violaciones de derechos humanos provocaron un episodio.
Aquino detalló que las formas de agredir a las víctimas de desplazamiento van desde incursiones armadas a sus comunidades, hasta amenazas, asesinatos, desapariciones, quema de casas o negocios, saqueos, extorsiones y reclutamiento forzado, entre otras.
Por otra parte, señaló que 12 de los 28 episodios de 2019 afectaron a pueblos indígenas (particularmente en los estados de Chiapas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca) y 22 ocurrieron en localidades rurales.
José Antonio Guevara, director de la CMDPDH, puntualizó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha logrado reducir las causas que generan el DFI, en particular las actividades de grupos delincuenciales, lo cual deja ver que en el país las autoridades “no pueden o no quieren” proteger a las víctimas de este fenómeno.
De igual manera, señaló que muchos casos pueden configurar crímenes de lesa humanidad, y llamó a establecer mecanismos para que la ayuda humanitaria a las víctimas tenga una perspectiva de derechos humanos y forma parte de leyes y políticas públicas que realmente solucionen los desplazamientos y sancionen a los responsables.
En la presentación del informe participaron víctimas de DFI que narraron sus vivencias y la falta de ayuda de las autoridades, así como representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y del Observatorio de Desplazamiento Interno.
