París, Francia (Milenio).- Miles de franceses salieron a las calles para denunciar un proyecto de ley sobre seguridad, considerado como una mordaza por sus detractores, en un país impactado por un nuevo caso de violencia policial que ha puesto al gobierno en un aprieto.
En el centro de las protestas figuran tres artículos del proyecto de ley de seguridad global que, la semana pasada, recibió luz verde de la Asamblea Nacional, y que prohíbe la difusión de imágenes de la policía tomadas por ciudadanos con sus teléfonos móviles.
Miles de personas desfilaron por la mañana, en calma, en ciudades como Lille (norte) y Montpellier (sureste). En París, cientos de manifestantes comenzaron a congregarse a las 14:00 horas en la plaza de la República, desde donde marcharán poco más de 2 kilómetros hasta la plaza de la Bastilla.
Para Maud, de 45 años, que marchó en la ciudad de Rennes (oeste), donde se produjeron incidentes al final de la manifestación, «hay una verdadera negación de la democracia y no se puede seguir así. Hay una deriva hacia el autoritarismo».
«Este proyecto de ley pretende restringir la libertad de la prensa, la libertad de informar, de ser informado y la libertad de expresión. En fin, las libertades públicas fundamentales de nuestra República», consideran los coordinadores que han convocado las protestas.
El artículo 24, que ha centrado la atención, castiga con un año de cárcel y hasta 45 mil euros (54 mil dólares) de multa la difusión «malintencionada» de imágenes de las fuerzas del orden. El gobierno asegura que esta disposición pretende proteger a la policía de llamados al odio y muerte en las redes sociales, con revelaciones de detalles sobre su vida privada.
Sin embargo, los detractores sostienen que muchos casos de violencia policial quedarían impunes si no hubieran sido grabados por las cámaras de periodistas o por los teléfonos de los ciudadanos.
También alegan que es una disposición inútil, ya que el arsenal jurídico actual es suficiente para reprimir estos delitos y que el derecho francés «sanciona los actos, no las intenciones».
Dos casos de violencia policial esta semana han atizado el debate, pues el una decisión política se ha transformado en una auténtica crisis en el gobierno de Emmanuel Macron.
El lunes, durante una operación mediática de organizaciones promigrantes, la policía evacuó brutalmente a los que se habían instalado en una plaza del centro de París, y agredieron a periodistas bajo el foco de las cámaras y de los smartphones.
La agresión de los policías en Francia
El jueves, unas cámaras de seguridad mostraron la paliza que tres policías propinaron a un productor de música afrodescendiente. La prensa, redes sociales y algunos deportistas de renombre internacional denunciaron la violencia policial.
«Imágenes que nos dan vergüenza», denunció el viernes por la noche Macron, que encargó al gobierno le presentara «rápidamente propuestas» para «luchar con más eficacia contra todas las discriminaciones».
El mismo día que se publicaron las imágenes encargó al titular de Interior, Gérald Darmanin, uno de los ministros más importantes de su gobierno, que impusiera sanciones muy claras para los policías acusados.
Ante la indignación provocada por el artículo 24, el primer ministro, Jean Castex, trató de buscar una salida con la creación de una «comisión independiente encargada de proponer una nueva redacción», pero la iniciativa ha enfadado a los parlamentarios de todo el espectro que han visto una forma de «menosprecio».
La coordinación de las protestas reclama la retirada de los artículos 21, 22 y 24 del proyecto de ley, así como la retirada del nuevo esquema nacional de mantenimiento del orden, publicado en septiembre, que obliga a los periodistas a dispersarse durante las manifestaciones cuando las autoridades lo lo ordenen, lo que les impide realizar su trabajo.
La prensa francesa y extranjera han denunciado una «deriva de seguridad», y la «vulneración de los derechos». Entre las voces críticas, se encuentra la defensora de los derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El debate ha llegado al Parlamento Europeo.
Además de las tradicionales estructuras de izquierda, sindicales o de la sociedad civil que se manifestarán, muchas personalidades se sumarán a las protestas el sábado.
Los chalecos amarillos, cuyas manifestaciones, a veces violentas sacudieron al país en 2018 y 2019, son también esperados.
