-La salida de Guadalupe Taddei ocurrió tras una serie de señalamientos sobre presuntos conflictos de interés y vínculos con proveedores de material electoral
-La nueva presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz, anunció la revisión de licitaciones y nombramientos, mientras la Auditoría Superior de la Federación mantiene abiertas investigaciones
México.- La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una etapa de cambios internos y revisión de posibles irregularidades en contrataciones públicas, luego de varios días de cuestionamientos sobre sus presuntos vínculos con empresarios proveedores del organismo. Taddei formalizó su salida el lunes 26 de octubre, después de que inicialmente había defendido su permanencia en el cargo. En su carta de renuncia afirmó retirarse con serenidad y orgullo por sus más de 30 años de servicio a la democracia, sin reconocer como motivos de su decisión los señalamientos que rodearon su gestión.
Las acusaciones se intensificaron tras publicaciones periodísticas que documentaron la cercanía entre Taddei, integrantes de su entorno y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con un conjunto de empresas proveedoras de material electoral. Entre las compañías mencionadas en los reportes figuran Cajas Graf y Corporativo ZEG. También se difundieron imágenes y videos sobre encuentros entre el empresario y personas cercanas a la entonces presidenta del INE. Estos elementos derivaron en cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y las condiciones en que se adjudicaron contratos con recursos públicos; sin embargo, los señalamientos no constituyen por sí mismos una determinación judicial de responsabilidad.
La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio ante indicios de posibles irregularidades en las contrataciones del instituto. Las indagatorias abarcan posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera también investiga a empresas vinculadas con Hernández Casillas. La controversia alcanzó a Palacio Nacional: la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que no hubiera ninguna sombra de corrupción en el organismo electoral y solicitó revisar las acusaciones.
Tras la renuncia, los diez consejeros electorales restantes eligieron por unanimidad a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional. La consejera se comprometió a recuperar la colegialidad en las decisiones del instituto, revisar las licitaciones y los nombramientos efectuados durante la administración anterior y facilitar la información requerida por la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control. El objetivo, según lo expresado por los integrantes del Consejo General, es que las decisiones de la institución no dependan de lealtades personales y que cualquier posible irregularidad se investigue con rigor y respeto al debido proceso.
Entre los primeros movimientos se encuentran las salidas de José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad de Servicios de Informática; Iliana Rodríguez Gómez, responsable de la Unidad de Género, y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales. Los tres aparecieron en videos en reuniones donde también estaban Taddei y Hernández Casillas. Además, el Consejo General acordó evaluar a los funcionarios que ocupan cargos de decisión y revisar áreas sensibles, entre ellas la Dirección Ejecutiva de Administración, encargada del presupuesto, las adquisiciones, las contrataciones y la nómina. Los consejeros también acordaron mantener, por el momento, al secretario ejecutivo Roberto Félix para preservar la operación cotidiana del instituto.
La revisión podría extenderse a otras áreas en las que Taddei realizó nombramientos durante su gestión, entre ellas Fiscalización, Comunicación Social, Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica, el Registro Federal de Electores y la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. Los consejeros señalaron que los cambios deberán realizarse conforme a la ley y sin afectar la continuidad de las funciones institucionales. La revisión también ocurre en medio de cuestionamientos internos: la consejera Rita Bell López declaró que allegados a Taddei la habrían puesto en contacto con Hernández Casillas y que recibió presiones cuando preguntó sobre posibles irregularidades. Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos que deberán esclarecerse.
La crisis también provocó una reacción política. Durante las discusiones posteriores a la renuncia, representantes de partidos y consejeros sostuvieron que la salida de Taddei no debe cerrar el caso y que las investigaciones deben determinar si existieron responsabilidades o daños al patrimonio del organismo. La consejera Norma Irene de la Cruz y el consejero Jorge Montaño, identificados anteriormente como cercanos a Taddei, se deslindaron de cualquier relación con el empresario y sus compañías, de acuerdo con el reportaje de EL PAÍS.
Mientras avanzan las revisiones, la Cámara de Diputados deberá emitir la convocatoria para designar a quien concluya el periodo de la presidencia del INE, previsto originalmente para 2032. El nombramiento definitivo requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes. La persona que resulte elegida asumirá con menos de un año antes de las elecciones de junio de 2027, por lo que deberá atender simultáneamente la renovación interna, las investigaciones y la organización del proceso electoral. Los consejeros han sostenido que la controversia no debe detener los trabajos del instituto ni poner en riesgo los comicios.
