-La Fundación para la Justicia alertó que en México se vive una crisis de violencia generalizada con 135 mil personas desaparecidas y 72 mil restos humanos pendientes de identificación forense
Ciudad de México.- Expertos internacionales, defensores de derechos humanos y familiares exigieron a la Asamblea General de la ONU abrir un expediente sobre México para frenar la crisis de desapariciones forzadas. Durante un evento paralelo a la 81 Asamblea General de la ONU, los participantes advirtieron que las resoluciones de simple condena son insuficientes ante un panorama insostenible.
Luciano Hazán, exmiembro del Comité contra la Desaparición Forzada, señaló que la Asamblea tiene la obligación ética de escuchar a las víctimas y activar el artículo 34 de la Convención. Afirmó que un error sería emitir una condena temporal sin seguimiento.
«Claramente un error de la Asamblea General sería sacar una resolución, expresando ‘preocupación o condena’. Eso sería el peor de los escenarios, sacaría una foto, pero no haría un seguimiento dinámico (…) mientras siga habiendo impunidad, esto va a ser muy difícil de concretar, tiene que haber sanción, tiene que haber rendición de cuentas, supervisar el proceso me parece tan relevante, tan desafiante», añadió Hazán.
Crisis de violencia supera a países en guerra
La Fundación para la Justicia alertó que en México se vive una crisis de violencia generalizada con 135 mil personas desaparecidas y 72 mil restos humanos pendientes de identificación forense. Marisol Méndez, coordinadora de incidencia, destacó que estas cifras rebasan las de naciones en conflicto como Ucrania y Siria. Asimismo, denunció que «no sabemos cuántos son migrantes, porque no hay cifras oficiales», pese a que se registran desapariciones de grupos completos.
Por su parte, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, reveló que el Estado prácticamente no busca a las víctimas.
«La mayor cantidad de personas que son localizadas, son localizadas por las propias buscadoras», indicó, y agregó que en el país «ya han sido asesinadas más de 40 familiares de personas que están buscando a sus familiares».
Madres buscadoras y la respuesta oficial
Bibiana Mendoza Negrete, del Colectivo Hasta Encontrarte, recriminó la inacción gubernamental. A 8 años de la desaparición de su hermano Manuel, señaló que las autoridades criminalizan a las víctimas de clases vulnerables y cuestionó los intentos oficiales de certificar a las buscadoras.
«Yo por dignidad no me voy a certificar. Yo no necesito que el Estado mexicano me reconozca como buscadora», expresó Mendoza Negrete.
En representación del Estado, César Villanueva, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería mexicana, aseguró que el tema es una agenda prioritaria. Sostuvo que México mantiene una postura abierta al escrutinio internacional y al diálogo con los organismos multilaterales sobre las desapariciones forzadas, afirmando que «vamos a seguir abiertos al escrutinio público y siempre hemos estado colaborando».
ARISTEGUI
