Guadalajara, Jal.- A través de un oficio dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se alerta sobre presuntas violaciones graves a derechos humanos en Nayarit, incluyendo la detención del abogado Joel Marín, representante legal de empresarios jaliscienses involucrados en un conflicto por terrenos que habrían sido asegurados por el gobierno estatal a través del denominado ‘megaoperativo Nayarit’.
El documento, firmado por el abogado Christian González, también fue enviado al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; a la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy; a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y a la relatora especial de la ONU para defensores de derechos humanos, Mary Lawlor.
En el escrito se señala que las acciones emprendidas en Nayarit constituirían un “esquema criminal sistemático y generalizado”, que incluiría presuntos abusos de autoridad, fabricación de delitos, despojo de bienes, privación arbitraria de la libertad y violaciones al sistema penal acusatorio. Se acusa a la subfiscal Ludmila Heredia Verdugo, así como a jueces y magistrados locales, de operar una red para despojar a particulares y ejidatarios mediante expropiaciones irregulares y carpetas de investigación presuntamente fabricadas.
Según la carta, la detención del abogado Joel Marín ocurrió mediante una orden de aprehensión emitida por un juez que —aseguran— carecía de competencia. El documento señala que su captura buscaría impedir la defensa legal de empresarios que han promovido amparos contra expropiaciones y aseguramientos ejecutados por autoridades nayaritas en terrenos que, afirman, fueron adquiridos legalmente hace dos décadas.
El escrito advierte que este caso sería un mensaje de intimidación para quienes deseen oponerse a los procedimientos impulsados por el gobierno estatal. Afirma que existen al menos 87 casos documentados de presuntas víctimas de este operativo.
A unos días de que se reanude la audiencia que definirá la situación jurídica de Joel Marín, el documento solicita a la presidenta Sheinbaum tres acciones inmediatas: ordenar la liberación del abogado, suspender las operaciones del llamado ‘megaoperativo’ y abrir una investigación federal a fondo sobre funcionarios, jueces y particulares presuntamente involucrados.
El firmante concluye señalando que la actuación del Gobierno Federal será determinante para frenar lo que califica como un “abuso de poder” y garantizar justicia para los afectados.
