México (Economista).- El Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió por mayoría —10 votos a favor y uno en contra— sancionar con más de 36 millones de pesos a todos los partidos políticos que participaron en las elecciones del 2012, por financiamiento paralelo en las campañas.
De acuerdo con la información encontrada por la Unidad Técnica de Fiscalización, por medio de tarjetas bancarias se pagó a representantes de partidos 18 millones 441,002 pesos y la sanción correspondió a 200% de ese dinero.
De la coalición Compromiso por México, el PRI tuvo una multa de 29.3 millones de pesos y el Partido Verde por 964,000.
En el caso de la coalición Movimiento Progresista, para el PRD fue por 1.5 millones, el PT con 1.6 millones y Movimiento Ciudadano con 964,000 pesos.
El PAN fue multado con 1.4 millones y Nueva Alianza con 978,000 pesos.
La investigación parte de que, en el marco de las indagatorias por el caso Monex, se encontraron dos casos de militantes priistas que afirmaron recibir 2,000 pesos a través de un plástico bancario (Bancomer); a la par, la coalición Compromiso por México omitió el reporte de 16 tarjetas bancarias, 14 de ellas de Bancomer, una de Santander y una más de Banamex.
La coalición no pudo comprobar el uso de ocho de ellas, todas de Bancomer, y como parte de un contrato celebrado con la empresa Logística Estratégica Asimex SA de CV.
Cuatro años después, con la entrega de la información al INE por parte de instituciones bancarias, se identificaron 30,707 nombres únicos de usuarios de tarjetas a los que se depositaron en conjunto 70.5 millones de pesos. Al cotejar los beneficiarios de estos plásticos con el registro de representantes de partidos que tenía el entonces Instituto Federal Electoral, se encontró que 7,311 personas estaban en ambas listas.
El consejero electoral Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, consideró que éste es un ejemplo de financiamiento “paralelo, irregular y opaco” para pagar la operación electoral el día de la votación del 1 de julio del 2012.
“Una empresa con las características típicas de una empresa fachada o fantasma, que se fondea de recursos de empresas igual de irregulares, hace un contrato con una institución bancaria para dispersar recursos a miles de personas y realiza pagos a cuatro días de la jornada electoral. documentamos 7,311 representantes partidistas como beneficiarios de esos pagos; ésa es la infracción, financiamiento ilegal a la política y la sanción que proponemos es de 200% de los recursos ilícitos recibidos”, explicó.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, refirió que este asunto es un ejemplo de lo que se quiere lograr con la fiscalización, la cual debe trascender la dimensión contable hacia un trabajo de inteligencia financiera.
Con la resolución se dio vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda “para que actúen en el ámbito de sus atribuciones”, detalló el Instituto.
Por otra parte, el INE definió los lineamientos para la inscripción, reinscripción, cancelación, baja y refrendo de personas físicas y morales nacionales en el Registro Nacional de Proveedores.
