CIUDAD DE MÉXICO, (The New York Times).-Mientras México protesta por las declaraciones agresivas de Trump en su contra, las autoridades mexicanas han comenzado, de manera sigilosa, a desmantelar protecciones legales para su población y otros esfuerzos para fortalecer el frágil Estado de derecho.
Expertos temen que eso deshaga décadas de avances en la defensa de los derechos humanos en la nación.
Los cambios se darían a través de una iniciativa legislativa, aparentemente inofensiva, presentada por un aliado del presidente Enrique Peña Nieto apenas un día después de que el canciller Luis Videgaray pidiera al gobierno de Trump que los connacionales en Estados Unidos sean tratados con “absoluto respeto a sus derechos civiles, a sus derechos humanos y al debido proceso”.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) dice que la iniciativa, que es presentada como una reforma al código penal y a los procedimientos penales, “mejorará” el nuevo sistema jurídico, un eje de la cooperación entre México y Estados Unidos que terminó de entrar en vigor el año pasado gracias a la ayuda estadounidense de más de 300 millones de dólares y es considerado el principal avance procesal del siglo en México.
Aunque el nuevo sistema —que cuenta con el apoyo de Estados Unidos— pretende asegurar la protección y garantía de los derechos humanos en una nación donde eso raramente sucede, la propuesta para reformarlo está encaminada en la dirección opuesta. Académicos jurídicos dicen que permite al gobierno detener a sospechosos durante años antes de que empiece un juicio, que faculta a la policía a armar casos a partir de rumores y testimonios sin sustento y que permite que fiscales usen evidencia obtenida por medio de la tortura.
Según los expertos, la iniciativa, que no ha sido avalada por el congreso, también fuerza a quien es acusado a ofrecer la evidencia que lo exculpe, en vez de que se le considere inocente hasta que se compruebe lo contrario.
“No solo es una contrarreforma, sino que contiene normas que incluso contravienen el derecho a la defensa”, dijo Alejandra Ramos, jueza en el estado de Chihuahua. “La quieren pasar porque es más fácil que preparar a fiscales y policías, más fácil que limpiar el sistema y romper con el uso de la tortura como una herramienta para investigar”.
La legislación da muestra de una contradicción al corazón del México actual bajo el gobierno del presidente Peña Nieto y del PRI: la versión que promueven al exterior se contrapone con la realidad que crea a nivel interno.
