Ciudad de México, (Expansión)- El pasado viernes 28 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de cannabis medicinal con el que nuestro país sale oficialmente de la retaguardia latinoamericana en materia de drogas para unirse a países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Jamaica y Uruguay en este titánico esfuerzo por derribar la prohibición de la marihuana y reconocer definitivamente sus propiedades médicas y terapéuticas.
Aprobada con 301 votos a favor, 88 en contra y 2 abstenciones, la propuesta por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el Código Penal ya había sido aceptada por el Senado de la República en diciembre de 2016, luego de que un intenso debate provocado por la sociedad civil concluyera que era necesario repensar el enfoque punitivo de nuestras leyes de drogas y reintroducir en ellas las perspectivas de salud pública y derechos humanos.
A manera de resumen, la nueva ley autoriza el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la marihuana y habilita a la Secretaría de Salud para diseñar y ejecutar políticas públicas que normen la investigación científica y la producción nacional. Además, regula el Tetrahidrocannabinol o THC (en concentraciones menores al 1%) como un estupefaciente con amplios usos terapéuticos que constituye un problema menor para la salud pública, y permite la comercialización, exportación e importación de productos derivados del cannabis para su uso industrial (también en concentraciones menores al 1%).
Finalmente, mantiene a COFEPRIS como el organismo encargado de emitir autorizaciones para la importación (en primera fase) y adquisición en México (en segunda fase) de derivados farmacológicos del cannabis (previa prescripción médica) e introduce una salvedad de no castigo a la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana para fines médicos y científicos en las condiciones que autorice el ejecutivo federal.
Es importante mencionar que las nuevas disposiciones NO permiten todavía el uso recreativo o adulto de la marihuana, el cultivo de cannabis con fines médicos y científicos por individuos o instituciones no autorizadas, el acceso a medicamentos derivados de la cannabis sin receta médica y previa autorización de COFEPRIS, ni la posesión de marihuana fuera de los límites establecidos por la ley desde 2009 (5 gramos). Sin embargo, el avance conquistado no es menor ya que logró romper con la perniciosa dinámica de eternizar un falso debate en el que el único objetivo era beneficiar al status quo.
La victoria en este sentido es tanto legal como narrativa. Y es que los políticos que se atrevían a repetir que la marihuana era más adictiva que la heroína o el alcohol, o que su consumo condenaba a los jóvenes a un destino fatal de adicción y muerte se están quedando solos. Lejos de estas falacias, lo que escuchamos al momento de la votación fue un sinnúmero de argumentos a favor de la investigación y el desarrollo de nuevas medicinas, de los beneficios de contar con una industria nacional capaz de dar alivio a miles de pacientes, y de lo necesario que resulta ahora apoyar reformas más ambiciosas que incluyan los usos personales e industriales.
Pero el cambio no fue fortuito. No olvidemos que para lograrlo, muchas personas, organizaciones e instituciones académicas trabajamos durante años para visibilizar los costos de la guerra, proyectar los potenciales beneficios de un cambio de política y ponerle un rostro humano al desastre promovido por décadas y décadas de respuestas punitivas.
La tarea ha sido ardua y ha requerido de la experticia de médicos, pacientes, familiares, abogados, politólogos, internacionalistas, periodistas, economistas, químicos y matemáticos que junto a activistas, ministros, jueces, cabilderos, legisladores, comunicadores y líderes de opinión han hecho posible la modificación de los términos del debate y la sustitución de nociones imprecisas como la “liberalización” de las drogas por conceptos más adecuados como la “regulación” de los mercados y la reducción del daño.
