Ciudad de México, (El Universal).- La Unidad Técnica de lo Contencioso (UTC) del Instituto Nacional Electoral mantiene abiertos dos procedimientos en contra de consejeros electorales de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPL) de Jalisco y de Quintana Roo señalados de presunta violencia política de género en contra de consejeras de ambos organismos.
De acuerdo con los expedientes, las quejosas, la consejera Érika Cecilia Ruvalcaba Corral, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, y Claudia Carrillo Gasca, consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo, acusaron a sus compañeros, cuatro consejeros de Jalisco y tres de Quintana Roo, hombres y mujeres, de discriminación y malos tratos.
En el caso de Jalisco, el procedimiento fue turnado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras acreditarse que se negó a la consejera Ruvalcaba información que solicitó reiteradamente, misma que fue parcialmente entregada casi dos años después.
Los datos requeridos por Ruvalcaba en 2014 eran los necesarios para desarrollar las sesiones de la Comisión del Servicio Profesional, que ese año presidía, y cuyo propósito era dar seguimiento a la incorporación del OPL al servicio profesional electoral.
La información solicitada se refería a la plantilla del personal de base y eventual 2011 y 2012, 2014 y 2015, además del organigrama base y eventual 2014 y 2015, programa anual de actividades 2014 y 2015, así como perfiles del personal de estructura, instrumentos de evaluación de desempeño, plan de trabajo, manual de procesos, de inducción y cronograma de actividades.
También alegó la quejosa haber recibido agresiones verbales en diversas sesiones públicas y actuación parcial del consejero presidente, Guillermo Amado Alcaraz, y del titular de la secretaría ejecutiva, lo cual fue ratificado por el TEPJF al resolver que la actuación de ambos “no puede considerarse un cumplimiento eficaz y profesional del deber. Con dicho actuar se ha obstaculizado el ejercicio de las atribuciones” de la denunciante.
El consejero presidente del IEPC “no ha actuado con el debido profesionalismo, al obstaculizar el ejercicio del cargo de la actora, al haberla excluido indebidamente de comisiones sin ninguna justificación y haber entregado la información solicitada de manera tardía”, estableció el tribunal al dar vista al INE —en octubre pasado— para el inicio del procedimiento respectivo, y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) por la denuncia de violencia política de género.
El proceso se encuentra en etapa de investigación en la UTC del INE para ser sometido a la Comisión de Quejas y Denuncias y llevado a votación del Consejo General del INE. En la UTC además de Alcaraz se encuentran en el expediente los consejeros Sayani Mozka Estada, Mario Alberto Ramos, Griselda Beatriz Rangel y “quien resulte” por actos que han implicado acciones de acoso, discriminación, inequidad y violencia de género.
Respecto al OPL de Quintana Roo la investigación también fue ordenada por el TEPJF, tras revocar el acuerdo emitido por el titular de la UTC del INE, Carlos Ferrer, quien sólo había dado inicio a un “cuaderno de antecedentes” para estudiar los hechos denunciados por la consejera Carillo, sin abrir un procedimiento administrativo sancionador disciplinario contra los integrantes del Organismo Público Local.
Con la decisión, el TEPJF reconoció la competencia del INE para conocer de posibles actos relacionados con el indebido funcionamiento de quienes integran el máximo órgano de un OPL y eventualmente imponer contra ellos medidas disciplinarias.
