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Empresarios se suman al fortalecimiento de la seguridad y justicia cívica de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jal.- En un esfuerzo conjunto por fortalecer la seguridad y justicia cívica en Puerto Vallarta, el sector empresarial firmó un manifiesto de involucramiento a la estrategia respaldada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Lo anterior, con el objetivo de facilitar la transición hacia un esquema preventivo y de justicia cívica, la cual avance hacia un modelo policial más digno y profesional, coadyuvando en la sostenibilidad de la estrategia de seguridad y justicia, implementando mecanismos de aportación de recursos de la iniciativa privada

“Este es un esfuerzo conjunto para fortalecer la seguridad y la justicia cívica en nuestro municipio. Nosotros como empresarios hemos decidido sumarnos a la estrategia respaldada por la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, con el objeto principal de apoyar esta iniciativa”, expresó Arnulfo Ortega Contreras, presidente local del Consejo Coordinador Empresarial, quien será el titular del fideicomiso que habrá de impulsar los esfuerzos del empresariado vallartense.

Para ello, añadió, se ha redactado un manifiesto en el que el empresariado se compromete a contribuir en diversos aspectos para la prevención y reducción de la violencia y el delito en el municipio.

Durante la firma del manifiesto, se presentó a los representantes del sector privado el programa de USAID/México y se dio a conocer la intención de crear un mecanismo de financiamiento para modelos de intervención en personas en conflicto con la ley. También, se buscará conocer a los actores locales que implementan el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica en el municipio, expresó por su parte Ninive Cruz, representante de la misión USAID en México.

“Con la firma de este manifiesto de involucramiento, el sector privado se une como aliado a estas actividades y asegura la implementación de este modelo manteniendo un sentido de cooperación entre los diferentes sectores. Así mismo, garantiza que esta iniciativa continúe como una estrategia de seguridad sostenida escalable e independiente de la Administración pública en turno.

Estas alianzas son primordiales porque otorgan recursos y conocimientos y capacidades para hacer frente a los retos de seguridad con mayor eficacia de igual manera estas contribuciones deben estar focalizadas a la población más vulnerable diseñadas con una escala adecuada basadas en evidencia y articuladas con otros programas sociales”, detalló.

Para el financiamiento de estas acciones, explicó por su parte el presidente de la Coparmex en la ciudad, Juan Pablo Martínez Torres, se prevé que el sector restaurantero y hotelero se sumen a la campaña de recaudación de fondos para lo cual se solicitará de manera voluntaria a sus clientes, donaciones de 10 y 20 pesos, respectivamente, al término de su consumo y hospedaje, lo que representaría un fondo anual estimado, superior a los 10 millones de pesos.

“La pretensión del empresariado de Vallarta es utilizar este dinero para asegurar la sostenibilidad de las estrategias de prevención y reducción de violencia que USAID/PREVI ha apuntalado en el municipio.

Puerto Vallarta ha puesto en marcha el modelo de justicia cívica, como una estrategia prometedora y efectiva de prevención de violencia y construcción de paz y desarrollo”, expresó.

Este modelo permite detectar personas en conflicto con la ley y/o el orden y sancionarlas con modelos de tratamiento informados por evidencia, costo efectivos e hiper focalizados; como lo son intervenciones enfocadas en tratar tanto el mal manejo de la ira y la falta de autocontrol, como el consumo perjudicial de sustancias psicoactivas, agregó Martínez Torres.

El sector privado, integrado por representantes de la Coparmex, Canirac, Canacope, Amexe, Canaco, AEEBA, Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, así como el Observatorio Integral Turistico, designó a Arnulfo Ortega Contreras, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, para supervisar el cumplimiento del Manifiesto, el cual comenzará a operar en mayo de 2024 con creación del mecanismo de financiamiento y la conformación del fideicomiso.

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