México (Economista).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió por violaciones graves a los derechos fundamentales la Recomendación 10VG/2018 a la PGR, al gobierno de Coahuila, a la Fiscalía estatal y al municipio de Allende, por la masacre ocurrida en esta localidad en 2011.
De acuerdo con los hechos, del 18 al 20 de marzo de ese año, un grupo armado perteneciente al cártel del Los Zetas arribó al municipio de Allende, destruyó 40 viviendas y 7 ranchos, además privó de la libertad a cerca de 300 personas.
La CNDH acreditó violaciones a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal atribuibles a integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, en agravio de 34 personas y la privación ilegal de la libertad de 5 menores.
Además, a la libertad e integridad personal por la desaparición forzada de 38 personas, entre ellas tres menores, por parte de integrantes de Los Zetas, “quienes contaron con la autorización, apoyo o aquiescencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Allende”.
El organismo nacional dio cuenta de dos testimonios que refieren que personal del Ejército presenciaron los hechos, pero al no contar con elementos que acrediten los dichos, instó a la PGR a investigar y en caso de encontrarse la comisión de algún delito ejercer acción penal.
“Además se advirtieron imprecisiones en los informes relativos a la fecha y hora en la que elementos del Ejército Mexicano se constituyeron en el rancho “Los Garza”, (lugar donde presuntamente fueron llevados los pobladores privados de la libertad).
Recordó que en informes del Colegio de México, la Universidad de Texas y la Federación Internacional de Derechos Humanos, derivado de procesos judiciales en Estados Unidos, hay señalamientos de testigos protegidos en contra de funcionarios federales, de Coahuila y de los municipios de Allende y Piedras Negras, de tener vínculos con Los Zetas.
La CNDH dio cuenta de la permisibilidad de elementos de Seguridad Pública Municipal para con integrantes de Los Zetas, con lo que se violentaron derechos a legalidad y seguridad jurídica la inviolabilidad del domicilio y la libertad personal.
Así como a la verdad, ya que existen imprecisiones en los informes de funcionarios de la PGR en relación con el desglose de la averiguación previa del Ministerio Público del fuero común de Coahuila, derivada de los hechos de marzo de 2011 en Allende.
En este sentido recomendó al gobernador de Coahuila y alcalde de Allende, colaborar con la PGR en la denuncia que la CNDH formule en contra de servidores públicos estatales y municipales por el presunto delito de delincuencia organizada, además de reparar integralmente los daños a las víctimas indirectas de detención arbitraria y desaparición forzada.
Mientras que a la PGR, inicie una carpeta de investigación en contra de funcionarios de Allende y particulares involucrados en los hechos, ante la probable responsabilidad del delito de delincuencia organizada.
