Ciudad de México (La Jornada).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó una solicitud ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue las «violaciones graves» a los derechos humanos en los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México provocados por los actos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha realizado en rechazo a la reforma educativa.
«La petición a la CNDH es contra el Estado mexicano que, sin importar la autoridad que actúe, debe garantizar los derechos humanos y no ha actuado con suficiente pericia frente a los actos de diversos grupos, señaladamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ha habido actos de omisión y negligencia de las autoridades en sus diferentes ámbitos», dijo el presidente del organismo patronal Gustavo De Hoyos Walther.
En conferencia luego de entregar el documento al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, De Hoyos adelantó que el área legal del sindicato patronal analiza la posibilidad de interponer amparos en los próximos días para demandar una actuación positiva del Estado en este conflicto.
«La nueva Ley de amparo permite ese medio de control constitucional no sólo cuando hay acciones de carácter activo por parte de las autoridades que trastocan derechos humanos sino también en aquellos casos en que las omisiones implican también una violación a los derechos humanos.
Lo que esperaríamos es que producto de estos procedimientos de amparo, que estamos todavía estructurando legalmente, se dé una acción legal en sentido positivo en base a los mandamientos del poder judicial de la federación», comentó el dirigente.
Precisó que los actos de la Coordinadora han violentado el derecho a la alimentación, pues no están llegando con suficiencia alimentos en el caso de Oaxaca y la población indígena es la más afectada.
Agregó que también se ha afectado el derecho al libre tránsito, pues hay bloqueos y cierres de avenidas y existe el riesgo de desabasto de gasolina y además de que se ha violentado el derecho a la salud.
«Incluso fallecieron personas que no pudieron recibir atención oportuna por culpa de los bloqueos», dijo. Añadió que también se ha violentado el derecho a la libertad de comercio y la libertad de trabajo.
Walther de Hoyos preció que la base de la queja patronal es el artículo primero constitucional que refiere que en el país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y con las condiciones que la propia constitución establece.
Adicionalmente, dijo que también se viola la garantía económica que establece el artículo 25 constitucional que el estado debe garantizar.
A la conferencia asistieron representantes de los Centros Empresariales de los estados afectados.
