Por: Alejandro Muñoz
Puerto Vallarta, Jal.- Derivado de la resolución del juez de control, al no considerar la doble vinculación en contra de Luis Alonso (N) por el cargo de corrupción de menores en contra de una menor de 10 años en el municipio de Puerto Vallarta, la Fiscalía General de Jalisco presentó una apelación para qué sea revisado el fallo del juzgador, a efecto de que se determina la pertinencia del ministerio público.
Asimismo, se presentó una queja formal ante el Consejo de la Judicatura en contra del juez Jorge Luis Solís Aranda, por la manera en que resolvió, además de que se dio vista del hecho ante la Fiscalía Anticorrupción para que desde el ámbito de su competencia investigué la responsabilidad de los servidores públicos involucrados para que, en su momento, determine si existe también alguna responsabilidad.
Lo anterior lo dio a conocer el fiscal general Gerardo Octavio Solís Gómez, al añadir que también se dieron indicaciones ante la contraloría interna para que se investigue al ministerio público que presentó el caso.
“Se dieron indicaciones para que la contraloría interna de la fiscalía revisará el actuación del ministerio público integrador, esto quiere decir que también está siendo investigado el servidor público por la Contraloría Interna, pues no queremos dejar a un lado ninguna posibilidad”, detalló el fiscal general.
Con estas acciones, añadió Solís Gómez, “adelantamos una serie de pasos para tratar de revertir por un lado la decisión del juez y por otro lado, revisar la actuación de servidores públicos”.
El funcionario estatal señaló que se siguen recabando datos de prueba tal como lo ha indicado la asesoría legal de la menor, a efecto de poder fortalecer la teoría del caso.
“Seguiremos trabajando con el ánimo de revertir esta lamentable decisión del juez, y en su momento vamos a informar sobre los avances y resultados de los trámites llevados a cabo en los siguientes días, porque el día de ayer (lunes) pasamos de una etapa procesal de iniciar una serie de procedimientos y seguimos trabajando para también seguir actuando en consecuencia en el juzgado”, detalló Solís Gómez.
Es de destacar que tras la decisión del juez en Puerto Vallarta se han realizado una serie de manifestaciones ciudadanas en las que repudian el actuar, tanto del juez como del ministerio público, al considerar que no se ha presentado los elementos suficientes para poder llevar ante la justicia al ex director de recursos humanos de la policía vallartense.
De la misma manera, este hecho también llevó a la Unidad de Inteligencia Financiera a cancelar las cuentas del ex funcionario y del juzgador ante la presunción de un posible caso de trata de personas.
