Guadalajara, Jal.- El denominado «Megaoperativo Nayarit», impulsado por el gobierno estatal y supuestamente enfocado en causas de utilidad pública, fue denunciado como un «entramado de corrupción» orquestado para arrebatar terrenos a particulares y ejidatarios, favoreciendo intereses turísticos privados.
El abogado defensor Cristian González Puig, representante de los intereses del litigante jalisciense Joel Marín García, acusó que el operativo está siendo utilizado para fabricar carpetas de investigación y consumar despojos.
González Puig señaló que la ejecución del operativo recae en la subfiscal Luzmila Heredia Verdugo, quien, según el jurista, conoce «perfectamente cómo se maneja todo esto» debido a su anterior puesto como directora del FIBA (Fideicomiso de Valle de Banderas) y por formar parte del círculo cercano del exfiscal Edgar Veytia.
Dentro de la misma presunta red de corrupción se encuentra José Gabriel Camarena Morales, coordinador general jurídico del gobierno del estado, quien ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y abuso de autoridad. El abogado aseguró que estas acciones tienen como objetivo final favorecer intereses particulares de empresas que buscan la propiedad y posesión de los inmuebles con fines turísticos privados, contradiciendo el discurso de utilidad pública.
El centro de la denuncia se centra en el caso de Joel Marín García, quien fue detenido por supuestamente promover demandas de amparo en contra de los procedimientos de expropiación. La carpeta de investigación se inició por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, imputándolo como coautor en la posesión y administración de los inmuebles.
El abogado defensor desestimó los cargos, argumentando que Marín García es únicamente el representante legal, con un poder para pleitos y cobranzas, y que en ningún momento ha tenido contratos por la propiedad o posesión de los bienes. La defensa afirma que la detención constituye un «abuso de poder» por ejercer su profesión.
El abogado González Puig confirmó que se ha logrado el aseguramiento de predios, mencionando una cifra de aproximadamente 900 mil metros cuadrados que han sido «recuperados» por el gobierno, según datos comunicados en la mañanera. Además, indicó que se han detectado cerca de 87 casos adicionales en los que se han denunciado circunstancias similares de fabricación de carpetas, aseguramientos y expropiaciones.
El llamado de la defensa se dirige a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la relatora especial sobre defensores de derechos humanos de la ONU. La exigencia principal es la liberación inmediata de Joel Marín García, la suspensión del «megaoperativo Nayarit» y una investigación «real y seria» por parte de la FGR sobre este entramado de corrupción institucional en la procuración de justicia local.
El defensor concluyó que la acción del gobierno local es un mensaje más que un procedimiento jurídico, con la intención de silenciar a quienes se defienden de los despojos.
