-Un juez dictó una pena de 36 años, nueve meses y 18 días de prisión contra Gabriel “N”, luego de que la Fiscalía acreditó su responsabilidad en los delitos de feminicidio y robo calificado
Tonalá, Jal.- La Fiscalía del Estado, a través de sus labores de litigación y seguimiento, obtuvo una sentencia de 36 años, nueve meses y 18 días de prisión contra un hombre tras acreditar su responsabilidad en los delitos de feminicidio y robo calificado en Tonalá.
La integración de la carpeta y el desahogo de las etapas del proceso judicial estuvieron a cargo de la Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.
De acuerdo con las constancias de la investigación, los hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2024 al interior de una finca ubicada en el Fraccionamiento Vista Real, en el municipio de Tonalá.
Gabriel “N” y la víctima mantenían una relación afectiva, razón por la cual el señalado acudía al domicilio de ella. En la fecha señalada, el agresor ingresó al inmueble y atacó a la persona con un objeto contundente, acción que le provocó traumatismo craneoencefálico y la pérdida de la vida.
Posteriormente, el ahora sentenciado sustrajo del lugar un equipo de videojuego, un televisor, una computadora portátil, dos bocinas y las llaves de un vehículo de la marca Honda, en el cual colocó las pertenencias para después abandonar el sitio. Familiares de la víctima localizaron el cuerpo e informaron a las autoridades para el inicio de las diligencias.
Durante la etapa correspondiente, un juez de control autorizó el procedimiento abreviado tras la aceptación de los hechos por parte del acusado y dictó a Gabriel “N” el fallo condenatorio. Además de la pena de prisión de 36 años, nueve meses y 18 días, el juzgador impuso el pago de 703 mil 554 pesos por concepto de reparación del daño y una multa por la cantidad de 46 mil 902 pesos con 24 centavos.
Con la obtención de esta resolución, la Fiscalía del Estado ratifica el compromiso institucional de investigar las agresiones por razón de género y dar cumplimiento a los procesos penales para la aplicación de las sanciones correspondientes por los delitos de feminicidio y robo calificado.
