Saltillo, Coahuila(Vanguardia).- Periodistas libres y organizaciones nacionales e internacionales, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y principalmente ciudadanos, iniciaron un movimiento frontal para exigir al Gobierno de Coahuila garantizar las libertades.
Alarmados por el acoso y persecución contra los periodistas de VANGUARDIA, demandan también frenar de inmediato estos ataques, analizar la actuación del cuerpo élite policiaco del Estado, “Fuerza Coahuila”, y sancionar las responsabilidades que resulten.
La campaña de desprestigio, espionaje e intimidación contra el personal y el ataque con fuerza desmedida en el que participó el cuerpo policiaco contra las propiedades del editor en jefe de esta empresa, Armando Castilla Galindo, encendieron vergonzosamente las alertas de los más prestigiados organismos en defensa del periodismo.
Artículo 19, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité de Protección para Periodistas (CPJ), la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias y las comisiones de Derechos Humanos Nacional y la del Estado de Coahuila, entre muchas otras organizaciones, condenaron las agresiones.
La exigencia es porque la madrugada del pasado viernes 6 de mayo un comando de 30 elementos de “Fuerza Coahuila” creó un cerco de más de dos kilómetros para proteger un “operativo policiaco”, según su testimonio, aunque en realidad se trataba de una actuación judicial mediante el que se despojó de su casa y todas sus pertenencias al editor Armando Castilla Galindo.
El supuesto lanzamiento, llevado a cabo con un proceso plagado de irregularidades e ilegalidades, pudo haber sido evitado por los abogados de la empresa, quienes llevaban la documentación que acreditaba la total y legal adquisición, inscripción y posesión del inmueble desde hace más de 20 años, pero los elementos policiacos lo impidieron creando un cerco de más de dos kilómetros.
“Fuerza Coahuila”, corporación a cargo del Secretario de Gobierno, Víctor Zamora, allanó, invadió y causó destrozos en otras propiedades para atrincherarse y así dar tiempo para que el supuesto actuario del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, acompañado de personas civiles, saquearan la propiedad y se llevara todos los bienes a un lugar aún desconocido.
En el irregular operativo empezado al amparo de la noche, pues amanecía del viernes pasado, participaron más de 130 personas, escoltadas todo el tiempo por las patrullas. La protección de los policías élite llegó al grado que para impedir la llegada al lugar en que se celebraba la audiencia, se posesionaron ilegalmente de predios privados ajenos al asunto reclamado, bloqueando las entradas con patrullas y hasta con maquinaria pesada.
Ante la indignación y reclamo periodístico en México y otros países, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez emitió un boletín informativo pretendiendo justificar la acción de los servidores públicos a cargo de Zamora.
La Secretaría de Gobierno “mañosamente” intentó confundir a la ciudadanía al decir que Castilla Galindo pidió frenar el operativo, cuando lo que el editor exigía es que permitieran conocer lo que ocurría.
